El país político aún no sale del asombro que provocó la comunicación remitida por la Cámara de Cuentas al presidente de la Junta Central Electoral (JCE) para amonestarle públicamente por actuar como “juez y parte” en la investigación técnica sobre el funcionamiento de los escáneres que fueron adquiridos para el conteo de los votos emitidos en el pasado proceso electoral del 2016, equipos que no fueron usados a solicitud de varios partidos políticos opositores que apenas unos días antes de la jornada electoral manifestaron su desconfianza en su eficiencia, por lo que ahora asombró el pedimento de auditoría a los escáneres formulado por los honorables miembros del Pleno de la JCEa la Cámara de Cuentas, en lo que fue interpretado en círculos políticos de muy alto nivel como un fallido intento de la nueva JCE de congraciarse con la oposición, pero la oposición, que no es tonta, no mordió el comprometedor anzuelo.
Y en medio del asombro político colectivo por la carta de la Cámara de Cuentas, ahora los honorables jueces de la JCE descubren que ellos tienen “facultades constitucionales” para asignar nombres y apellidos a los niños y jóvenes de ascendencia haitiana que carezcan de documentos, que también tienen la “facultad legal” de cambiar nombres y apellidos en creole por nombres y apellidos hispanos, y que también tienen la facultad de reformar nuestro Registro Civil y nuestro Padrón Electoral, porque con esa medida de nombrar, apellidar y dominicanizara miles de niños haitianos,en unos cuantos años esos niños y jóvenes tendrán derecho a votar por cualquier candidato prohaitiano que se presente en nuestro proceso electoral, por lo que la Resolución 03-17 es un atentado contra la soberanía del pueblo dominicano, y ese atentado debe ser rechazado.
Y todos preguntamos; ¿qué confianza pueden tener los partidos políticos y el pueblo dominicano en una institución electoral que públicamente anuncia que comenzará a asignar nombres y apellidos a niños que tarde o temprano pensarán y actuarán bajo el dictamen de sus genes primarios y no bajo las conveniencias del pueblo dominicano?
Por eso desde hace varias semanas venimos advirtiendo al país político sobre el accionar inadecuado de los honorables jueces de la JCE que al tomar decisiones en asuntos tan delicados como la administración de los procesos, la creación de mecanismos de reformas electorales y ahora la asignación de nombres y apellidos dominicanos a niños de ascendencia haitiana, lo que hacen es afectar la credibilidad parcialmente perdida de esa institución, siendo preciso destacarque el Registro del Estado Civil le ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo al Estado dominicano, y es inaceptable que ese Registro sea dañado por la propia JCE.
Tan absurda ha sido la nueva intención de la JCE que la directora del Consejo Nacional para la Niñez(CONANI) y el presidente del Colegio de Abogados han tenido que salir al frente para poner un freno a los despropósitos de los honorables miembros del Pleno de la JCE, y ambas instituciones han demostrado ante el país que la JCE carece de facultades legales para asignar nombres y apellidos a niños de ascendencia haitiana, lo que sumado al freno que, con el tema de los escáneres, le impuso la Cámara de Cuentas, demuestra que en la Junta Central Electoral están haciendo todo lo que no tienen que hacer, pero no hacen absolutamente nada de lo que realmente, por mandato constitucional, tienen que hacer, y que esta nueva gestión tempranamente se ha convertido en gran decepción para todos los dominicanos, aunque de seguro que esa medida va a recibir el aplauso de muchos haitianos y prohaitianos. Y que conste, que respetamos a todos los cuidados haitianos.
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